Vecinos Autoconvocados fustigaron al Gobierno por no priorizar a la seguridad pública

El movimiento de "Vecinos Autoconvocados por mayor seguridad de Resistencia" salió a fustigar al gobierno provincial en lo que consideran una falta de inversión adecuada en el servicio de seguridad pública, y por el incumplimiento del compromiso asumido con anterioridad de dar participación a la organización en el Consejo Provincial de Seguridad Pública.

Se consideran emergentes de una situación de inseguridad que no se tolera más, y manifiestan en cada una de sus intervenciones que están cansados que los delincuentes los roben, lastimen, o maten a familiares y amigos, o a ellos mismos. La delincuencia es la industria más floreciente en el Chaco, con el agravante que se muestran cada vez más organizados y con mayor violencia, ante una evidente desprotección y abandono del Estado en su obligación de prestar un servicio público de seguridad preventiva eficaz y eficiente.

Representantes del movimiento estuvieron presentes en la última sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados, donde se aprobó sin modificaciones los números del proyecto de ley de presupuesto general para el ejercicio 2014 enviado por el poder ejecutivo, a pesar que habían solicitado la intervención de los diputados de la Comisión de Hacienda para que acompañaran el pedido de un punto porcentual de refuerzo, que significarían aproximadamente 189 millones de pesos más para la jurisdicción 21 Policía provincial. Con algunas pancartas que decían "yo te avisé" y preguntaban "dónde está la plata para el Plan de Seguridad", mostraron su disconformidad por la falta de previsión y de respuestas de los diputados, y principalmente del poder ejecutivo.

Solamente el jefe del bloque justicialista les dedicó unos párrafos en su exposición. En plena sesión legislativa, con algo de ironía, felicitó a los vecinos autoconvocados por mayor seguridad, con un mensaje muy claro: "sigan participando". Los vecinos destacaron este gesto como positivo, porque a renglón seguido el diputado Sánchez aceptó dar el debate sobre algunos aspectos sobre la inversión actual y futura en materia de seguridad pública. Aunque como aspecto negativo señalaron que al parecer algún asesor legislativo estaría empecinado en negar la realidad y habría sugerido al jefe de bloque del oficialismo, con argumentos técnicos muy débiles, negar la desinversión en seguridad pública, más específicamente en seguridad preventiva.

Nada se dijo en la sesión del miércoles último sobre el financiamiento del Plan General de Seguridad Pública para el 2014 presentado por el gobierno el 8 de Octubre último. Evidentemente este plan nunca llegó a la Cámara de Diputados y no fue incluido en las previsiones presupuestarias del año que viene. Esto significa que no podrá ser ejecutado por falta de financiamiento. Y entonces surge la pregunta sin respuesta hasta ahora: ¿para qué lo presentaron si no lo van a ejecutar?

Señalaron también el incumplimiento del compromiso asumido por el Ministro de Gobierno y algunos legisladores para que vecinos autoconvocados participen activamente en las reuniones del Consejo Provincial de Seguridad Pública, ya que fueron excluidos de la XI reunión realizada el martes último. Resulta contradictorio y antidemocrático que por un lado pidan participación y luego por otro no inviten a las reuniones del máximo órgano de asesoramiento en el diseño y ejecución de las políticas públicas de seguridad.

No se demostró en ningún momento que se invierte más en seguridad. La desinversión es evidente, porque históricamente, veinte o treinta años atrás, se invertía cerca del 8% del presupuesto general en seguridad pública. Para el 2014 se autoriza una inversión del 4,5% del presupuesto general de gastos para la jurisdicción 21 (Policía), que es más o menos lo que se viene invirtiendo desde hace quince años aproximadamente. Aún sumando al presupuesto de la jurisdicción 21 el presupuesto de la jurisdicción 36 (Servicio Penitenciario) se llega a una participación relativa del 5,3 %, bastante lejos del histórico 8% de inversión. La jurisdicción 50 Comité de Prevención de la Tortura tiene un presupuesto irrelevante: representa el 0,01% del presupuesto general 2014, que no contribuye prácticamente en nada a la supuesta mayor inversión en seguridad pública.

En el último "acting" que realizaran los vecinos autoconvocados frente a la Secretaría de Derechos Humanos, demostraron que este organismo no cumple ninguna función vinculada con la seguridad pública, y menos todavía para atender, resguardar y asesorar a las víctimas del delito, que son "revictimizadas" cuatro o cinco veces más por el sistema de persecución penal del delito. Es una Secretaría que está impedida de actuar en causas judicializadas, contra los abusos o la desatención del Estado en materia de seguridad pública, porque forma parte del gobierno a quien debería denunciar en caso de violaciones a los derechos humanos.

Por otra parte, no existe una sola evidencia que demuestre que los ministerios de Desarrollo Social y de Educación estén ejecutando o vayan a ejecutar programas de prevención primaria del delito. Es más, de los propios argumentos esgrimidos por el jefe de la bancada justicialista el año pasado cuando se aprobara la nueva ley de seguridad pública 6976, se desprende que el gobierno diseña y ejecuta únicamente políticas públicas de prevención secundaria del delito, a través de la Policía. Recuerdan que desde el oficialismo no se permitió incorporar un interesante aporte de una legisladora, en representación del Comité contra la Tortura, sobre prevención primaria (social) del delito.

La comparación realizada sobre la evolución del gasto en valores nominales, entre 2012 y 2014, sin tener en cuenta la altísima inflación real de los dos últimos años, demuestran que el bloque oficialista estuvo mal asesorado en cuanto al análisis económico y financiero del presupuesto. Un peso de 2012 no es equivalente, y por lo tanto no es comparable, a un peso del 2014. Las comparaciones deben hacerse en moneda constante. Esto es matemática financiera básica.

Por último, los vecinos se mostraron muy interesados en que se den a conocer las inversiones realizadas a través del fondo fiduciario de seguridad pública que se mencionara en la sesión legislativa, por cuanto se trata de un mecanismo de financiamiento extrapresupuestario poco transparente y poco controlado. Se desconoce por ejemplo qué se compró, cuánto, a qué precio y bajo qué condiciones este año, y cuánto se estima que se invertirá en el 2014. Esperan que en algún momento los funcionarios del Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo, entiendan la realidad que viven los ciudadanos día a día.

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